En el comienzo, las comunidades indígenas vivían muy bien en sus tierras, hasta que llegaron los españoles y se apoderaron de todo su territorio. Quinientos años después, su situación no ha cambiado mucho. El Estado peruano continúa en sus intentos de invisibilizar a estos pueblos y de apropiarse de las tierras y recursos de este sector originario del país. Las leyes aplicadas en las últimas tres décadas se han aplicado a debilitar el régimen de la propiedad comunitaria, poniendo en peligro la propia existencia de las comunidades. El reconocimiento legal de las comunidades y la garantía de la integridad de sus territorios son obligaciones del Estado y una tarea aún pendiente para nuestros gobernantes. (IBC Peru, 2015)