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Derechos a la Tierra y Acaparamiento de Tierras

A menudo las comunidades que gozan de derechos de tenencia segura son los administradores y protectores más efectivos de los bosques y de los otros recursos naturales presentes en sus territorios. Derechos de tenencia segura para las comunidades indígenas y locales pueden traer beneficios múltiples para la resiliencia cultural, la seguridad alimentaria, los derechos de las mujeres, la prevención de los conflictos, la reducción de la pobreza, la biodiversidad, la gestión de los bosques y la seguridad climática.

Sin embargo, numerosos pueblos indígenas y comunidades locales alrededor del Trópico no gozan de derechos de tenencia, o sus derechos existentes no están siendo respetados, y las comunidades están excluidas de la toma de decisiones sobre la tierra. Entre 2000 y 2010, se concluyeron negocios a gran escala sobre aproximadamente 200 millones de hectáreas alrededor de África, Asia y América Latina. Estos negocios fueron motivados por la demanda mundial en auge, principalmente en alimentos, biocombustibles y minerales.

Hoy mismo, para abastecer la demanda para recursos, desarrollos a gran escala como la explotación forestal, las represas, las minas, la extracción de combustibles fósiles y las plantaciones niegan a las comunidades indígenas sus tierras, medios de vida y derechos fundamentales, y destruyen los ecosistemas de los que ellos dependen. Si se mantiene la tendencia actual de crecimiento en la demanda en materias primas, para el año 2050 la extracción mundial de recursos habrá triplicado.

La fiebre de tierras causa: la compresión de los medios de vida y la pérdida de la seguridad alimentaria pues las comunidades son desplazadas o pierden el acceso a los recursos y los servicios del ecosistema ; más conflicto, violencia y violaciones de los derechos humanos ; impactos negativos desproporcionados en las poblaciones más pobres, especialmente las mujeres ; la converción a gran escala de ecosistemas naturales, con la destrucción de bosques y turberas y las altas emisiones de gas de efecto invernadero que ésta conlleva.

Muchas ventas de tierras se realizan en las tierras y los territorios de las comunidades indígenas, a menudo sin su previo conocimiento, participación o aprobación. Muchas empresas alrededor del mundo recurren a las mismas tácticas para obtener tierras: promesas excesivas con respecto a servicios o empleos; firmas de participación a reuniones comunitarias utilizadas como soporte del consentimiento para entregar la tierra; amenazas e intimidación; cooptación y corrupción de los líderes locales.

Indonesia y los derechos sobre la tierra

Actualmente, los gobiernos indonesios locales tienen la intención de expandir las plantaciones y la minería en 30 millones de hectáreas para el 2020; la falta de seguridad de tenencia a la tierra y la expansión de los monocultivos dan lugar a conflictos, pérdida de los bosques, y la mayor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero a causa del cambio en el uso de la tierra en el mundo.

Hasta hace poco, el Ministerio de Silvicultura había reclamado aproximadamente el 70 % del área terrestre (130 millones de hectáreas) de Indonesia para su conversión en Zona Forestal Estatal de Indonesia. Alrededor de 33 000 comunidades indígenas y locales viven en la zona en disputa. A la fecha, sus derechos de tenencia y sus sistemas de gestión de los bosques no han sido reconocidos por el gobierno indonesio, a pesar de que muchos de ellos han administrado por generaciones sus bosques y territorios en el marco del derecho consuetudinario.

El 16 de mayo de 2013, la Corte Constitucional de Indonesia declaró que los bosques tradicionales no deberían ser incluidos en la Zona Forestal Estatal, sino ser territorios donde se ejercen derechos. Este veredicto podría validar la posición de los Indonesian Masyarakat Adat (generalmente traducido como "pueblos indígenas"), quienes afirman ser los dueños de sus tierras, recursos y territorios.

Sin duda esta decisión (conocido como MK 35) constituye un fallo de referencia en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Indonesia. Los movimientos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se han animado con esta decisión, y las comunidades alrededor del archipiélago han fijado carteles para afirmar su propiedad sobre sus territorios tradicionales. Se espera que este fallo sea un paso hacia la resolución del número cada vez mayor de conflictos sobre la tierra que están surgiendo a lo largo de la amplia zona en disputa.

Sin embargo, los análisis de algunos expertos indonesios en tenencia de la tierra muestran que le MK 35 no garantiza el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, recursos y territorios, en particular porque hasta el momento no existe ningún mecanismo legal nacional para permitir que este reconocimiento se dé. A pesar del trabajo de incidencia realizado por AMAN (la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago Indonesio) y muchos otros actores de la sociedad civil, a la fecha existe muy poco compromiso o liderazgo de la élite en el parlamento indonesio, el gobierno u otras instituciones del Estado para promover medidas que permitirían el reconocimiento total.