Por primera vez, el Estado ecuatoriano pedirá disculpas a pueblo indígena
(Foto: Ecuavisa)
El Comercio, 1 de octubre, 2014.- El evento de disculpas públicas que se desarrollará hoy 1 de octubre en Sarayaku es histórico. Esta será la primera vez en el continente americano que un Estado ofrecerá disculpas y reconocerá vulneraciones a los derechos humanos de un pueblo indígena.
Por esa razón, los dirigentes de Sarayaku planean un evento por todo lo alto. Así, recibirán a cuatro ministros y al procurador Diego García, quienes en nombre del Estado ecuatoriano se disculparán públicamente por la violación de sus derechos, en un acto que llega más de dos años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que así lo dispone.
Las 135 000 hectáreas del pueblo de Sarayaku fueron reconocidas en 1992, en el gobierno de Rodrigo Borja, tras una masiva movilización de indígenas que llegaron hasta la capital después de cerca de un mes de marchas. Ese mismo año se otorgó la licencia para la exploración petrolera en la zona, sin una consulta previa a sus habitantes.
La CorteIDH, el 27 de junio del 2012, falló a favor del pueblo indígena y determinó la violación de sus derechos a la consulta, a la propiedad comunal y a la identidad cultural.
Por ello, aparte de ser un acto histórico, es una reivindicación, señala Félix Santi, presidente del gobierno Tayjasaruta. “Hoy se reconoce la lucha de Sarayaku durante más de 10 años, que nace de un justo reclamo, de que se respeten los derechos y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador”, señaló ayer Santi.
Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comentó que sería importante que el presidente Rafael Correa esté presente en el reconocimiento de responsabilidad del Estado. “Aún así, damos el respaldo a Sarayaku, de manera que el pueblo sea reivindicado”.
Sin embargo, más allá del acto de disculpas como un reconocimiento de la culpabilidad del Estado, debe ser también una garantía de no repetición, es decir, un compromiso de no cometer las mismas faltas en ese o en otro pueblo, asegura Mario Melo, abogado del pueblo de Sarayaku.
Para esto, la CorteIDH señaló también otro tipo de medidas, asegura Daniela Salazar, catedrática de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito.
“Hay varias medidas que el estado está obligado a adoptar para no repetir este tipo de situaciones. La Corte dice expresamente que en el Estado debe existir una ley que haga efectivo los derechos a la consulta previa establecidos en convenios internacionales, pero en Ecuador todavía no hay esa ley”, asegura.
Como garantía de no repetición, la CorteIDH además señala que el Estado debe implementar programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales.
No obstante, Natalia Bonilla, de Acción Ecológica, comenta que una parte importante en este punto es el compromiso. “Hay que diferenciar que en este caso el que pide disculpas es el Estado, no el Gobierno. Las violaciones de los derechos humanos en el caso de Sarayaku fueron en anteriores gobiernos, incluso tuvieron su punto más álgido en el mandato de Lucio Gutiérrez”.
Más de un año sin disculpas ?
La CorteIDH determinó un plazo de un año después de notificada la sentencia (junio del 2012) para que el Estado realice el acto público de disculpas y reconocimiento internacional. Sin embargo, hasta el momento no había un acuerdo entre el pueblo y las autoridades.
“No hubo un momento político adecuado ni la voluntad de realizarlo en ese momento, entonces nos congratulamos ahora de que, casi dos años y medio más tarde, por fin se pueda realizar este reconocimiento”, señaló Melo.
En noviembre pasado, el entonces ministro de Justicia, Lenin Lara, apareció en una cadena nacional de radio y televisión, en la que pidió disculpas al pueblo indígena. Sin embargo, Sarayaku mantuvo su posición de realizar un evento público en su territorio.
Ahora, más de un año después de vencido el plazo, la comunidad está presta a organizar el evento que, según la misma sentencia de la CorteIDH, debe tener una amplia cobertura en los medios de comunicación.
Frente a este retraso, la CorteIDH es la única que puede tomar alguna decisión. Salazar explica que esa instancia hace un seguimiento periódico de sus sentencias, con lo cual va cerrando los puntos que el Estado ya ha cumplido.
Sin embargo, aún quedan otros temas pendientes en el cumplimiento cabal de la sentencia. El más complejo es el retiro de la pentolita (explosivos) en la superficie del territorio y enterrada.
Fuente: Servindi
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