El reto de construir y fortalecer gobernanza desde la base
Hablar de gobernanza desde la base implica reconocer la forma cómo al interior de las organizaciones de base se toman las decisiones, entre quiénes, las características y atributos del proceso de toma de decisiones. Significa entonces identificar a los actores locales que toman las decisiones, la arquitectura y estructura institucional que facilita que las decisiones que se traducen en acuerdos, discursos, narrativas y propuestas de la base cuentan con la suficiente consistencia y legitimidad para interactuar con el Estado y los agentes económicos.
En sentido estricto hablar de gobernanza a secas significa reconocer la interacción entre las autoridades gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno con los diversos actores de la sociedad civil al que podríamos sumar las organizaciones locales y los pueblos indígenas.
Al hacer referencia a la gobernanza de la base significa hacer un corte artificial pero necesario para comprender cómo se vive el proceso de gobernanza al interior de las organizaciones de base justamente para poder tener mejores elementos en la interacción autoridades y organizaciones de base.
Pese a interesantes experiencias y avances de gobernanza de base múltiples son los factores que la afectan y son los retos que hay que identificar para poder fortalecerla. Desde el marco estructural por ejemplo los modelos de desarrollo en vigencia – no obstante el reconocimiento del valor del capital social – inducen fuertemente a expresiones de individualismo y éxito personal que muchas veces termina por debilitar los valores de solidaridad y reciprocidad que han caracterizado a las organizaciones de base.
En este mismo sentido la influencia de la economía de mercado ha provocado que se refuerce el sentido de “propiedad privada” de los sistemas de producción que han terminado afectando por ejemplo las expresiones de manejo común de recursos naturales.
La presencia de inversiones privadas en ocasiones genera distorsiones en las poblaciones locales por ejemplo cuando realizan pagos para resolver ciertos tipos de problemas que fortalecen la cultura del asistido, producen divisiones al interior de las comunidades y marcan referentes que anulan iniciativas que anteriormente se realizaban bajo los principios de participación y responsabilidad solidaria.
No es infrecuente escuchar por ejemplo pugnas al interior de organizaciones y comunidades por acceder al poder para tener directamente mejores capacidades de negociación con las empresas. Tampoco es extraño conocer casos aislados de corrupción al interior de las dirigencias.
Otro aspecto que influye es el tema de los programas sociales. Es indudable que los programas sociales para segmentos poblacionales bien identificados son legítimos y constituyen un esfuerzo loable de redistribución. Pero habría que analizar qué pasa cuando los programas no tienen muy claros los objetivos, no identifican bien a los destinatarios, se prestan para clientelismo en toda la cadena de distribución, generan distorsiones socioeconómicas en los receptores que matan o reducen su capacidad de emprendimiento (lamentablemente hay muchos ejemplos).
Ser exitosos en la aplicación de programas sociales no solo se mide en los montos (re)distribuidos y los impactos en los indicadores de salud, educación o nutrición. También hay que considerar la medida en que las personas dejan de pertenecer a la categoría de beneficiarios y pasan a la denominación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de agencia (“libertad efectiva para alcanzar aquello que se tienen razones para valorar”), con capacidad de emprendimiento, de logro y de ser actores activos de su proceso de transformación.
Otro elemento es la forma cómo se desarrolla el liderazgo tanto al interior de las comunidades como en las organizaciones de segundo grado y en las interacciones que se dan entre ellas. Se encuentra por ejemplo críticas sobre la representatividad, mecanismos participativos deficientes o nulos, débiles sistemas de socialización y comunicación lo que en ocasiones deriva en caudillismo y el consiguiente resquebrajamiento de la democracia participativa al interior de organizaciones y comunidades.
Asimismo se encuentra que en ocasiones el liderazgo se legitima cuando aparecen como confrontacionales y poco dialogantes y se presentan como muestras de consistencia de principios y consecuencia.
Todas estas expresiones terminan afectando la gobernanza de base y reduciendo la posibilidad de efectividad en los procesos de interacción con autoridades y agentes económicos que como bien sabemos, con todas las distorsiones que también los acompañan, tienen mejores recursos de información, relaciones, recursos económicos y mayor claridad en traducir sus intereses en objetivos de gestión e interacción con los actores sociales.
Ante tal panorama, es importante reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestros procesos de gobernanza desde la base. Antes de quedarnos en el diagnóstico es necesario recuperar la gran visión de cómo queremos la gobernanza en la base en función a la contribución efectiva al desarrollo comunitario y local inscrita bajo los enfoques y principios del desarrollo sostenible o del buen vivir o la vida plena según queramos llamarlo.
En esta dirección necesitamos también recuperar los ejemplos positivos actuales y pasados sobre buena gobernanza de base. Recordar y reforzar los valores de solidaridad, reciprocidad y corresponsabilidad en el desarrollo comunitario y local.
Es indudable que los procesos políticos, legales, sociales, institucionales, económicos y culturales se han complejizado tanto por los procesos de globalización como por nuevos elementos que aparecen con fuerza en la agenda global como por ejemplo la necesidad de contar con modelos económicos más compatibles con la sociedad y el ambiente, la descentralización, los retos que imprime el cambio climático, la deforestación, la desertificación, el rol de la mujer y los jóvenes y derechos de diversos actores que claman por un trato más justo y digno, entre otros aspectos.
Todos estos procesos inciden en diverso grado en las organizaciones de base y en la forma que desarrolla su gobernanza. Eso significa grandes retos como tener una mira estratégica de desarrollo no solo de carácter endógeno sino también con la necesaria interacción con la sociedad a través de procesos de diálogo intercultural. Implica además repensar nuestra organización, la forma cómo manejamos la información y los procesos de construcción de nuestras posiciones y propuestas.
Ya no es posible seguir en una actitud pasiva de recepción de información sino que hay que ser actores activos en la construcción de información y conocimiento. Tenemos que reforzar una cultura de gestión del conocimiento para capitalizar las ricas lecciones aprendidas en una multiplicidad de organizaciones y comunidades y convertirlas en propuestas para la acción y acciones específicas de transformación.
Es necesario pensar seriamente cómo fortalecemos nuestros procesos de representatividad y legitimidad para ser más efectivos en procesos de gobernabilidad democrática intercultural. La protesta es válida cuando es respetuosa de los derechos de las personas pero no es suficiente. Necesitamos también afinar nuestra capacidad de propuesta.
Un tema sensible refiere a la corrupción. Tenemos que desplegar todos los esfuerzos necesarios para erradicar la corrupción al interior de nuestras organizaciones con mayor transparencia y rendición de cuentas. Así estaremos en mejores condiciones de luchar contra la corrupción mayor que afecta seriamente a toda la sociedad.
Necesitamos entonces recuperar procesos de toma de decisiones que sean democráticas, participativas, inclusivas, constructivas, generativas, debidamente informadas, pensadas, reflexionadas, ponderadas que hagan más efectiva la gobernanza a nivel local, regional, nacional e incluso global. El desarrollo sostenible (buen vivir o vida plena) que queremos es producto del conjunto de actores en un marco de corresponsabilidad. De ahí la necesidad de fortalecer nuestra gobernanza de base.
Fuente: Servindi
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