El pueblo Sarayaku lanza su propuesta Kawsak Sacha

Foto: Cortesía Kawsak Sacha

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(Redactado por Ana Belén Veintimilla)

El pueblo Sarayaku se instaló en Quito del 25 al 29 de julio para promover su propuesta Kawsak Sacha, cuya traducción al español quiere decir selva viviente. Con este movimiento, la comunidad busca un reconocimiento jurídico al derecho territorial.

Daniel Santi, coordinador general de Kawsak Sacha, explica que el proyecto tiene tres objetivos. El primero es que se reconozca que el territorio del pueblo Sarayaku y de pueblos y nacionalidades originarias sean declarados como ‘kawsak sacha’. Ellos requieren que el Estado reconozca el derecho a la territorialidad y Pacha Mama para el verdadero ejercicio de sus planes de vida y ejercicio a la verdadera autodeterminación de los pueblos.

El segundo objetivo es dejar toda actividad extractiva bajo tierra como alternativa real al problema del calentamiento global. El tercero es que el estado reconozca como patrimonio cultural y biodiversidad viva a los pueblos y nacionalidades indígenas.

Santi explica que durante el lanzamiento del evento, el pasado 26 de julio, se realizó la entrega oficial de la propuesta al Estado ecuatoriano, que fueron recibidas por Eliza­beth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio (Cpccs). Al evento de lanzamiento se sumaron los artistas Guanaco, Mateo Kingman y Chikaru, quienes realizaron sus presentaciones en el Teatro Capitol.

Otras actividades fueron en el Pabellón de las Artes del parque El Arbolito, adonde el público asistió a charlas sobre extractivismo o sobre el caso Sarayaku versus Ecuador. Se realizaron proyecciones de videos sobre la selva viviente, acercando a nuevos públicos la cultura Sarayaku. Se presentaron las producciones ‘Soy defensor de la selva’, ‘Hijos del jaguar’ y ‘Kawsak Sacha & The Living Forest: The Amazonian Tribes People that Sailed Down the Seine’.

El siguiente paso es la promoción nacional e internacional para sentar un precedente jurídico “único en América Latina en reconocer pueblos libres de actividad extractiva”, dice Santi.

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