El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá
Una mina en Colombia (Foto: Tanenhaus)
Desde hace algunos años ha tenido visibilidad internacional la situación de comunidades gravemente afectadas en sus derechos humanos por el avance de proyectos extractivos a gran escala y de infraestructura en sus territorios. Estos proyectos, realizados generalmente sin participación, consulta previa e, incluso, con oposición de las comunidades afectadas, han generado serios cuestionamientos. El contraste entre la promesa de empleo, desarrollo y prosperidad para las comunidades, por parte de gobiernos y empresas, y la situación de pobreza, graves daños ambientales y violación de derechos humanos en la que se encuentran aquellas exige reflexión y la adopción de medidas que permitan superar esa situación. Esta realidad se refleja en un informe encargado al —en ese momento— Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, en 2008. El informe destacó que la extracción mineral es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos.
Gracias a la actuación de las víctimas y de organizaciones de protección de derechos
humanos y del medio ambiente, que con coraje y paciencia buscan justicia en todos los ámbitos posibles, el debate en foros internacionales sobre los efectos de la industria extractiva en los derechos humanos ha cobrado especial vigor y trascendencia. En la actualidad, el análisis va más allá de la búsqueda de responsabilidad de los Estados en los que se desarrollan los proyectos. Para encontrar respuestas adecuadas y acordes con la garantía y protección
de los derechos humanos, se viene avanzando en un análisis en el que se busca incluir la responsabilidad de otros actores claves en la violación de derechos humanos, a saber: los países de origen de las empresas que operan los proyectos y las propias empresas trasnacionales.
En el 2010, un grupo de siete organizaciones no gubernamentales decidió formar el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, con la finalidad de reflexionar y plantear estrategias comunes frente a los efectos de la actuación de las empresas trasnacionales en la región y la consiguiente violación de los derechos humanos en perjuicio de las comunidades donde operan tales empresas.
En el marco de su trabajo, el grupo identificó la presencia mayoritaria de empresas mineras canadienses en la región, así como el impacto de sus actividades en las comunidades en cuyos territorios desarrollan proyectos extractivos. En consecuencia, el grupo decidió elaborar un informe focalizado en el impacto de la minería canadiense en América Latina y en el rol que el Gobierno de Canadá tiene respecto de las violaciones de derechos humanos provocadas. El proceso fue apoyado por la Agencia de Desarrollo de la Iglesia Católica en Alemania, Misereor. A través del estudio de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones en los países receptores de la inversión minera y las políticas de Canadá que favorecen tales violaciones. Este documento presenta los principales hallazgos y conclusiones del informe.
Descargar Informe Completo .pdf (40 páginas)
Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero
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